DECRETO NO. 2.-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que por Decreto Legislativo No. 498, de fecha 2 de diciembre de 1998, publicado en el Diario Oficial No. 240, Tomo No. 341, del 23 de ese mismo mes y año, se dictó la Ley Contra el lavado de Dinero y de Activos;

II. Que es necesario dictar las disposiciones reglamentarias pertinentes, que faciliten y aseguren la aplicación y funcionamiento de la Ley a que alude el considerando anterior.

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales,

DECRETA el siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS

CAPITULO I

OBJETO Y DEFINICIONES

Art. 1.- el presente Reglamento tiene por objeto facilitar y asegurar la aplicación de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, en adelante “la Ley”.

Art. 2.- Para los efectos de este Reglamento, salvo que del contexto del mismo haga necesaria otra interpretación, se entenderá por:

a) Medio electrónico: Cualquier técnica o instrumento determinado por la Fiscalía General de la República que, utilizando un aparato electrónico, facilite la reproducción o transmisión de información;

b) Instituciones y actividades: son las que el inciso 2º de Art. 2 de la Ley declara que están sometidas al control de la misma;

c) Usuario: Cualquier persona natural o jurídica que opere con las instituciones o haga uso de los servicios que éstas prestan al público en general, así como los vendedores, compradores y transferentes de divisas;

d) Cliente: Toda persona natural o jurídica que ha mantenido o mantiene una relación contractual, ocasional o habitual, con las Instituciones;

e) Organismos de fiscalización y supervisión: Son los que han sido creados con el objeto de vigilar y controlar a las entidades e Instituciones que en las respectivas leyes de creación se mencionan;

f) Transacción: Cualquier operación o acto realizado dentro del giro ordinario de la actividad o negocio de las Instituciones, o relacionada con las actividades que la Ley somete a su control en el Art. 2., inciso 2º.

Art. 3.- El plazo de tres días hábiles estipulado en el Art. 9 de la Ley, para proporcionar la información ahí relacionada, se computará a partir del día siguiente en que se compruebe que la operación o la transacción múltiple ha excedido del monto de Quinientos Mil Colones o su equivalente en moneda extranjera.

Para los efectos de aplicación del inciso 1º del Art. 9 de la Ley, el plazo de un mes que en el mismo se señala, habrá de computarse como los anteriores treinta días continuos, es decir, contados a partir del momento en que se realizó la última transacción, entendiéndose que si en dos o más operaciones el monto de éstas exceden a los quinientos mil colones o su equivalente en moneda extranjera, no obstante no haya transcurrido el plazo, las Instituciones estarán en la obligación de informar a la Unidad de Investigación Financiera, en adelante, UIF, al existir suficientes elementos de juicio para considerar que tales operaciones o transacciones son irregulares o sospechosas; o bien, cuando lo requiera la UIF.

CAPITULO II

OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES Y DE LOS ORGANISMOS DEL ESTADO

Art. 4.- Las Instituciones, para la aplicación y funcionamiento de la Ley, deberán:

a) Prestar la asistencia técnica que les sea requerida por la UIF, cuando se trate de investigaciones relacionadas con el delito de lavado de dinero y de activos;

b) Bajo la supervisión de los respectivos organismos de fiscalización, adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos, previstos en la Ley y en los tratados o convenios internacionales, para prevenir y detectar las actividades relacionadas con el delito de lavado de dinero y de activos;

c) Adoptar una política que garantice suficientemente el conocimiento de sus clientes, con el fin de alcanzar los objetivos de la Ley y de este Reglamento;

d) Establecer procedimientos para asegurar un alto nivel de integridad del personal y un sistema de auditoría interna a fin de verificar el cumplimiento de la ley y este Reglamento;

e) Recopilar documentación bibliográfica sobre el lavado de dinero y de activos, y establecer programas permanentes de capacitación para los miembros de su personal, tanto en lo relativo a procesos y técnicas de lavado de dinero y de activos, como en la forma de reportar oportunamente a quien corresponda, en forma razonada y documentada, los casos en que, en el desempeño de sus cargos, detecten situaciones irregulares o sospechosas;

f) Analizar los reportes a que se alude en la letra anterior e informar inmediatamente a la Fiscalía General de la República, por medio de la UIF, y a la Superintendencia respectiva, cuando del examen correspondiente considere la existencia de alguna transacción irregular o sospechosa de las indicadas en el Art. 9 de la Ley y en el Art. 10 de este Reglamento, para que se adopten las medidas pertinentes;

g) Comunicar a la UIF y a los organismos de fiscalización o supervisión, en un plazo de quince días hábiles, la designación o cambio de los funcionarios, respecto a: 1) encargados de ejecutar programas, procedimientos internos y las comunicaciones referentes a transacciones irregulares o sospechosas; y 2) responsables de la supervisión del trabajo de los encargados de tal ejecución, quienes servirán de enlace con la UIF;

h) Dotar a los funcionarios encargados de la ejecución y supervisión a que se refiere la letra precedente, de los recursos humanos y materiales necesarios, y la autoridad suficiente para el cumplimiento de sus funciones;

i) Establecer los canales de comunicación adecuados con la UIF y con los organismos de fiscalización y supervisión;

j) Guardar confidencialidad de toda información transmitida o requerida de conformidad con la Ley y este Reglamento, de manera que no podrán divulgarla a ninguna persona, incluso a los usuarios o clientes investigados, salvo por orden de un juez competente o del Fiscal General de la República.

Art. 5.- Las Instituciones procurarán realizar acuerdos interinstitucionales para prevenir el uso indebido de sus servicios, mediante los cuales se pretenda dar legitimidad a fondos provenientes de actividades ilícitas.

Art. 6.- Los organismos e instituciones del Estado que tengan bases de datos relacionadas con el lavado de dinero y de activos, deberán comunicarlo a la UIF con el objeto de que ésta, ya sea directamente o en forma electrónica, pueda tener acceso a ellos cuando fuere necesario; además deberán colaborar en las investigaciones que dicha Unidad realice en esa actividad. Las mismas bases de datos servirán para que la Fiscalía General de la República elabore y mantenga su propia base de datos, en donde recopilará tanto información nacional como internacional.

Art. 7.- Los organismos de fiscalización y supervisión de las Instituciones, así como cualquier organismo o institución del Estado que en alguna forma se relacione con las actividades que la Ley somete a su control, están obligados a prestar cooperación y asistencia técnica a la UIF para la concreción de los objetivos de dicha Ley.

Art. 8.- Los Superintendentes y demás funcionarios que éstos deleguen de los organismos encargados de fiscalizar o supervisar, deberán reportar de forma inexcusable, inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la República, a través de la UIF, la información que les remitan las entidades bajo su control, cuando de ella se advirtiere que las operaciones reportadas son irregulares o sospechosas.

Art. 9.- Los funcionarios y empleados del Estado deberán comunicar a la Fiscalía General de la República, a través de la UIF, tan pronto tengan conocimiento respecto de operaciones que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero y de activos, que deriven de los delitos a que alude el Art. 6 de la Ley.

Art. 10.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra J) del Art. 4, la información obtenida en investigaciones del delito de lavado de dinero y de activos es confidencial, y únicamente podrá ser proporcionada a las autoridades competentes cuando éstas lo soliciten, de conformidad con la ley, para la investigación de otro delito.

La divulgación de tal información en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan, se sancionará administrativamente por la autoridad respectiva.

Art. 11.- Todas las Instituciones del Estado y los entes cuyas actividades están sometidas al control de la Ley, deberán cumplir con las instrucciones emitidas por la UIF, en el marco de la Ley y el presente Reglamento, y especialmente deberán:

a) Comunicar a dicha Unidad los resultados relacionados con el cumplimiento de tales instrucciones;

b) Informar si ha habido algún problema o dificultad en atender las recomendaciones del Fiscal General de la República, en cuanto al contenido de los formularios para el registro y reportes de las transacciones y actividades sometidas al control de la Ley, y las relativas a la detección de actividades o transacciones sospechosas en la conducta de los usuarios y clientes.

Queda facultada la Fiscalía General de la República para emitir los formularios que considere convenientes para el control de las actividades sometidas a la Ley y al presente Reglamento.

CAPITULO III

TRANSACCIONES IRREGULARES O SOSPECHOSAS

Art. 12.- Se consideran transacciones irregulares o sospechosas todas las operaciones poco usuales, las que se encuentran fuera de los patrones de transacción habituales y las que no sean significativas pero sí periódicas, sin fundamento económico o legal evidentes, y todas aquellas operaciones inconsistentes o que no guardan relación con el tipo de actividad económica del cliente.

Art. 13.- A fin de detectar transacciones irregulares o sospechosas, las Instituciones deberán prestar atención especial respecto de aquéllas que revistan las características indicadas en el artículo anterior, particularmente las operaciones que los clientes realicen mediante:

a) La ejecución de múltiples transferencias realizadas de un día para otro o en horas inhábiles, de una cuenta a otra, por comunicación telefónica o electrónica directa al sistema de computación de la institución;

b) Pagos anticipados de préstamos, o de abonos excediendo las cuotas pactadas, o el que se efectúen pagos repentinos de préstamos problemáticos, sin que exista explicación razonable del origen del dinero;

c) La utilización de instrumentos monetarios de uso internacional, siempre y cuando no se encuentre proporcionalidad con la actividad económica del cliente.

Art. 14.- Las Instituciones también deberán prestar atención especial a las operaciones realizadas por los clientes, que revisten características marcadamente poco usuales, tales como:

1. Préstamos que tienen como garantías certificados de depósito y otros instrumentos de inversión;

2. Cuando visitan a menudo el área de las cajas de seguridad y posteriormente hacen un depósito de dinero en efectivo en la misma agencia bancaria, cuyo monto está justo bajo el límite requerido para generar un formulario de transacciones exigido por la Ley;

3. La compra de cheques de caja, cheques de viajero o cualquier otro especial, con grandes sumas de dinero en efectivo o justo bajo el monto requerido para generar un informe, sin razón aparente;

4. La constitución de fideicomisos por personas naturales o jurídicas en los cuales se reflejen depósitos sustanciales de dinero en efectivo;

5. Las cuentas abiertas a nombre de casas de cambio en que se reciben transferencias nacionales, internacionales o depósitos estructurados;

6. Mantener cuentas que muestran constantes depósitos efectuados en máquinas de cajero de transacciones automáticas; y

7. Disponer de cuentas donde se depositan instrumentos monetarios marcados con signos o símbolos extraños.

Art. 15.- Se considera que la conducta de los clientes es sospechosa, cuando pretendan evitar el cumplimiento de los requisitos de información o de registro, como por ejemplo:

a) Oponerse a dar la información requerida para el formulario respectivo, una vez que se le informa que el mismo debe ser llenado; y

b) Cuando obligan o tratan de obligar a un empleado de la Institución a que no conserve en archivo el reporte de alguna transacción.

Art. 16.- Las Instituciones deberán examinar las transferencias de fondos con características como las siguientes:

1º. Depósitos de fondos en varias cuentas, generalmente en cantidades debajo del límite a reportarse, que son luego consolidados en una cuenta clave y transferidos fuera del país;

2º. Cuando se instruya a la Institución para transferir fondos al extranjero y luego esperar que la misma cantidad le sea transferida de otras fuentes;

3º. Transferencias de dinero a otro país, sin cambiar el tipo de moneda; y

4º. Recepción de transferencias y compra inmediata de instrumentos monetarios para hacer pagos a terceras personas.

Art. 17.- Dentro de la política de las Instituciones de garantizar el conocimiento de sus clientes, deberán exigir a éstos que proporcionen la información necesaria para lograr esos objetivos. Se considerará que esa información es insuficiente y sospechosa cuando los clientes, por ejemplo:

a) Se abstienen de proporcionar información completa sobre el propósito del negocio, relaciones bancarias previas, ubicación o nombres de directores y representantes.

b) Se nieguen a proporcionar antecedentes personales cuando compran instrumentos monetarios por encima del límite especificado en la Ley o cuya cuantía no guarda relación con la actividad económica del cliente o usuario.

c) Solicitan abrir una cuenta sin referencias, dirección local, identificación u otros documentos apropiados, o rehusan facilitar cualquier otra información que el banco requiera para abrir una cuenta;

d) Presentan documentos de identificación sospechosos u ostensiblemente falsos.

e) No tienen historial de empleos o fuentes de ingreso aparente;

f) Son renuentes a revelar detalles sobre sus actividades o a proporcionar los estados financieros de las mismas;

g) Presentan estados financieros notoriamente diferentes de otros negocios de similar actividad; y

h) Proporcionan información que resulta falsa o inexacta.

Art. 18.- Las Instituciones deberán investigar cuando ocurran cambios en los patrones usuales de conducta de sus clientes, al realizar algunas transacciones, como las siguientes:

1) Cambios importantes en los patrones de envío de dinero en efectivo de los clientes desde bancos corresponsales;

2) Incrementos de la actividad de dinero en efectivo manejado, sin que exista el incremento correspondiente en el número de transacciones que hayan sido reportadas de acuerdo al perfil del cliente.

3) Movimientos significativos de billetes de alta denominación, que no guardan relación con el área de ubicación geográfica del banco;

4) Incrementos grandes en el uso de billetes de denominaciones pequeñas que no corresponden al perfil del cliente; y

5) Incrementos en cantidad o frecuencia de los depósitos de dinero en efectivo, sin justificación aparente.

CAPITULO IV

ACTIVIDADES NO FISCALIZADAS POR UN ORGANISMO ESPECIFICO

Art. 19.- Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades sometidas al control de la Ley y que no estén fiscalizadas o supervisadas por un organismo específico, deberán comunicar a la UIF las operaciones que realicen sus clientes o usuarios de manera reiterada y en dinero en efectivo, cuando exceda de la suma prevista en el Art.9 de la Ley, o sobre transacciones de sus clientes o usuarios que por el monto, número, complejidad, características o circunstancias especiales, se alejaren de los patrones habituales o convencionales de las transacciones del mismo género. Para dicho efecto, tales personas utilizarán el formulario que determine el Fiscal General de la República, el cual lo remitirán a la UIF en un plazo de tres días hábiles que se computarán de conformidad a lo establecido en el inciso 1º del Art. 3 de este reglamento.

Las disposiciones contenidas en la Ley y en este Reglamento se aplicarán a las personas indicadas en el inciso anterior en lo que fuere pertinente.

CAPITULO V

REGISTRO DE VEHICULOS Y DE PERSONAS SOSPECHOSAS Y DE SUS EQUIPAJES QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL

Art. 20.- Cuando la Policía Nacional Civil, de acuerdo con el Art. 19 de la Ley, practique registro de vehículos terrestres, aéreos o marítimos que ingresen al país o de los que circulan en él, procurará que ese registro no cause molestias innecesarias a los conductores de los mismos y a las personas que viajan en ellos. Igual conducta observará cuando proceda al registro o pesquisa de personas sospechosas y de sus equipajes, bolsa de mano o cualquier otro receptáculo en donde pudiera guardarse evidencia relacionada con la comisión del delito de lavado de dinero y de activos.

Cuando en la pesquisa o registro de una persona pudieran verse afectados su dignidad o su pudor, la práctica de la misma se encomendará a agentes de la PNC que sean del mismo sexo de esa persona, salvo que, por cualquier motivo, eso no fuere posible.

Art. 21.- La declaración que deba hacer la persona que ingrese al territorio de la República, con base en el inciso 3º del Art. 19 de la Ley, constará en un formulario cuyo contenido será determinado por la Fiscalía General de la República, los que se pondrán a disposición de todos los puestos migratorios, y una vez llenados por los interesados, deberán ser remitidos a la UIF, siempre y cuando hubiere los suficientes elementos de juicio para considerar que las declaraciones carecen de veracidad, o si lo solicitare la UIF. El formulario dispondrá de los espacios en blanco para completar la declaración, cuando sea necesario.

Art. 22.- La Fiscalía General de la República, a su juicio prudencial, comprobará por los medios que estén a su alcance si la información contenida en los formularios es veraz; pero si advirtiere falsedad, omisión o inexactitud en tales declaraciones, hará que se retengan los valores que se hubiesen reportado en los formularios y, según la gravedad del caso, promoverá las acciones que conforme al Código Procesal Penal correspondan.

En caso de demostrarse que la procedencia de los bienes retenidos es legítima, pero que en la declaración hubo falsedad, omisión o inexactitud, el responsable de ella incurrirá en una multa del cinco por ciento del monto total del valor retenido, que ingresará al Fondo General del Estado, por medio de la colecturía correspondiente del Ministerio de Hacienda.

Si dentro de los treinta días posteriores a la retención no se demostrare fehacientemente la legalidad del origen del dinero y valores retenidos, éstos serán decomisados. El decomiso deberá practicarlo la autoridad competente.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Art. 23.- En todo lo no previsto en este Reglamento, se aplicarán las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público en lo que fuere pertinente.

Art. 24.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil.

FRANCISCO GUILLERMO FLORES PEREZ

Presidente de la República.

FRANCISCO RODOLFO BERTRAND GALINDO

Ministro de Seguridad Pública y Justicia